El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido condenado a indemnizar a la familia de un paciente que falleció debido a una neumonía bilateral provocada por el Covid-19, tras recibir una atención inadecuada en el sistema sanitario. La sentencia emitida por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Sevilla ha determinado que existió «mala praxis» por parte del servicio público, lo que ha llevado a la obligación de abonar una indemnización de 283.612 euros a los familiares del fallecido.
El caso se remonta a marzo de 2021, cuando un hombre de 55 años, sin antecedentes médicos relevantes, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de La Merced en Osuna. Presentaba fiebre, pero no mostraba dificultad respiratoria. A pesar de que se le realizó una radiografía de tórax, esta no evidenció de manera concluyente la presencia de neumonía. Además, no se le practicó una prueba de oxígeno en sangre, lo que podría haber proporcionado información crucial sobre su estado de salud. Los médicos decidieron darle el alta domiciliaria, indicándole que regresara a Urgencias si experimentaba dificultad respiratoria.
Sin embargo, cinco días después, el paciente regresó al hospital con síntomas graves de neumonía bilateral por Covid-19 y fue trasladado al Hospital de Valme, donde falleció poco después. La sentencia ha analizado la documentación médica y los informes periciales, concluyendo que la atención sanitaria proporcionada al paciente fue deficiente. Se determinó que no se realizaron pruebas complementarias ni se le ingresó en el hospital en la fase inicial de la enfermedad, lo que resultó en un retraso en el tratamiento y, finalmente, en su fallecimiento.
El SAS intentó recurrir la decisión del juzgado, argumentando que parte de la responsabilidad debía ser atenuada por factores como el «riesgo inherente» de la enfermedad y la «posible falta de vacunación» del paciente. Sin embargo, el tribunal desestimó estas alegaciones, reafirmando que existió un «nexo causal directo» entre la actuación médica incorrecta y el fallecimiento del paciente. Finalmente, se ha establecido que la indemnización se dividirá entre la viuda, quien recibirá 103.247,68 euros, y los hijos, que percibirán 95.250 euros y 84.704 euros respectivamente. Además, se ha determinado que estas cantidades devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de la reclamación administrativa, que tuvo lugar el 30 de marzo de 2022.
La sentencia pone de manifiesto la importancia de una atención médica adecuada, especialmente en el contexto de una pandemia que ha puesto a prueba los sistemas de salud en todo el mundo. La falta de pruebas diagnósticas y el alta prematura de un paciente con síntomas de Covid-19 resaltan la necesidad de protocolos más estrictos y una formación continua para el personal médico, con el fin de evitar situaciones similares en el futuro. La mala praxis en el ámbito de la salud no solo afecta a los pacientes, sino que también tiene un impacto significativo en las familias que sufren la pérdida de un ser querido debido a errores en la atención médica.
Este caso no es aislado, ya que durante la pandemia se han reportado múltiples incidentes de mala praxis en la atención a pacientes con Covid-19. La presión sobre los sistemas de salud, la falta de recursos y el estrés del personal médico han contribuido a que se produzcan errores que pueden resultar fatales. Las autoridades sanitarias deben aprender de estos casos y trabajar para mejorar la calidad de la atención médica, garantizando que todos los pacientes reciban el tratamiento adecuado en el momento oportuno.
Además, la sentencia también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones de salud en la formación y supervisión de su personal. Es fundamental que se implementen medidas que aseguren que los médicos y enfermeros estén debidamente capacitados para manejar situaciones críticas, especialmente en el contexto de enfermedades altamente contagiosas como el Covid-19. La educación continua y la evaluación del desempeño son esenciales para mantener altos estándares de atención médica.
La indemnización otorgada a la familia del paciente fallecido es un paso hacia la justicia, pero también subraya la necesidad de un cambio en la forma en que se gestionan los servicios de salud. Las instituciones deben ser responsables de sus acciones y garantizar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros casos de mala praxis. La confianza del público en el sistema de salud depende de la capacidad de estas instituciones para aprender de sus errores y mejorar continuamente.
En resumen, la condena al Servicio Andaluz de Salud por mala praxis en la atención a un paciente con Covid-19 es un recordatorio de la importancia de una atención médica adecuada y de la responsabilidad que tienen las instituciones de salud en la protección de la vida de los pacientes. La indemnización a la familia del fallecido es solo un aspecto de un problema mucho más amplio que requiere atención y acción por parte de todos los involucrados en el sistema de salud. La mejora de la atención médica no solo beneficiará a los pacientes, sino que también fortalecerá la confianza del público en el sistema sanitario, un elemento crucial en tiempos de crisis como el que hemos vivido durante la pandemia.
