La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intensificado los esfuerzos para implementar una reforma en el registro de jornada laboral. Esta medida surge tras la reciente derrota en el Congreso, donde el proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral fue rechazado por los votos de PP, Vox y Junts. A pesar de este revés, el Ministerio de Trabajo ha decidido avanzar con un nuevo real decreto que busca endurecer el control sobre las horas trabajadas, especialmente las horas extraordinarias.
El nuevo reglamento, que se encuentra en fase de audiencia pública, tiene como objetivo principal establecer un sistema digital para el registro de jornada. Este sistema deberá ser interoperable, lo que permitirá a la Inspección de Trabajo acceder a los datos de manera efectiva. Según fuentes del ministerio, la implementación de un registro digital es crucial para garantizar que se cumplan las normativas laborales y para disuadir a las empresas de alargar las jornadas laborales.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la exigencia de que las empresas especifiquen las horas extraordinarias en su registro. Esto responde a las reclamaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y busca cumplir con el mandato del real decreto de 2019, que ya obligaba a las empresas a llevar un registro de jornada. El Gobierno espera que esta medida contribuya a una reducción real del tiempo de trabajo, al facilitar un control más riguroso sobre las horas que los empleados realmente trabajan.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo también reconoce que la elección de un real decreto para abordar esta cuestión tiene sus limitaciones. Aunque permite al Gobierno evitar el proceso parlamentario, también impide aumentar las sanciones a las empresas que incumplan las normativas laborales. En el proyecto de ley que fue rechazado, se preveía que las multas por incumplimiento pudieran ascender hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado. Ahora, el departamento de Díaz ha descartado convocar a los agentes sociales para negociar los detalles del nuevo reglamento, lo que podría generar tensiones con los sindicatos y la patronal.
La Inspección de Trabajo jugará un papel fundamental en la implementación de esta reforma. El Gobierno ha asegurado que no será necesario aumentar el número de inspectores, ya que se prevé que la nueva carga de trabajo sea asumible gracias a un incremento del presupuesto del organismo en los últimos años. Además, se espera que la Inspección pueda actuar de oficio, lo que facilitará la supervisión del cumplimiento de las nuevas normativas.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, se anticipa que la implementación del nuevo registro horario no será inmediata. El proceso de aprobación del reglamento podría tardar entre cuatro y cinco meses, lo que significa que es poco probable que las nuevas medidas entren en vigor antes de 2026. Durante este tiempo, el ministerio deberá pasar por varias etapas, incluyendo la publicación de un texto con los puntos concretos del reglamento y la obtención de dictámenes de órganos consultivos como el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.
El impacto de estas medidas en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, es un tema de debate. Aunque el real decreto no incluye ayudas económicas para facilitar la digitalización del registro, el Gobierno no descarta la posibilidad de ofrecer apoyo adicional en el futuro. Sin embargo, se espera que la CEOE, la patronal de los empresarios, impugne el reglamento en los tribunales, lo que podría generar un nuevo enfrentamiento legal entre el Gobierno y el sector empresarial.
En resumen, el Gobierno español está decidido a avanzar en la regulación del registro de jornada laboral a pesar de los obstáculos políticos. La reforma busca establecer un control más efectivo sobre las horas trabajadas y garantizar que se respeten los derechos laborales de los trabajadores, aunque su implementación se enfrenta a desafíos significativos en el camino.
